Ley de Protección Integral a los Derechos de la Infancia y la Adolescencia
Por Marcelo Sánchez, gerente general Fundación San Carlos de Maipo
A través del Consejo de la Infancia, el Estado se comprometió al envío de un proyecto de Ley de Protección Integral a los Derechos de la Infancia y Adolescencia. A poco más de una año, podemos observar que existiendo por primera vez una institucionalidad que releva el compromiso adquirido hace ya un cuarto de siglo, no contamos aún con un instrumento jurídico que apunte a garantizar los derechos de la infancia. Adicionalmente a la luz de los resultados de la Casen, tenemos la convicción de que es la infancia la protagonista de los más altos índices de pobreza y desigualdad, donde la realidad golpea más allá de un marco jurídico, involucra políticas, programas e instituciones que no han logrado ser eficientes en la reducción de la exclusión de este grupo prioritario.
El Consejo de la Infancia ha asumido un compromiso en presentar el “Proyecto de Ley de Infancia” en agosto y ha desarrollado un proceso de consulta para su elaboración, sin embargo no todas las organizaciones sociales vinculadas a la temática han podido acceder a sus contenidos y suponemos que habrá espacio para difundir sus términos ampliamente. Quienes comprometemos nuestro trabajo cotidiano con la protección de derechos de niños y niñas, nos preocupa que existan adecuados mecanismos de análisis y debate de la iniciativa, que se cumpla con la consulta a pueblos originarios y que la legislación en su conjunto asuma en coherencia los elementos contenidos en este cuerpo legislativo. Asimismo, esperamos un esfuerzo relevante en el ejercicio de la ley o por vía administrativa en la coordinación de los instrumentos que el Estado dispone para la protección de la infancia a nivel local, en particular fortaleciendo la institucionalidad y las acciones de carácter preventivo en los territorios.
Nos parece necesario avanzar en calidad y homogeneidad de los datos e indicadores de bienestar existentes en la actualidad a nivel local ya que gran parte sólo da cuenta de realidades regionales y nacionales, sin esto es imposible avanzar en políticas públicas descentralizadas que incorporen programas eficaces con evidencia en sus resultados. Más aún en el contexto de la Ley de Infancia será necesario implementar indicadores desde la perspectiva de la garantía de derechos.
Hoy la Fundación San Carlos de Maipo ha ejecutado numerosas líneas de acción en orden a contribuir para que nuestros niños y jóvenes cuenten con mejores posibilidades, impulsando la creación de factores protectores y la reducción de factores de riesgo que les afectan a través de su modelo ”Comunidades que se cuidan” con el apoyo de la Universidad de Washington, creadora del sistema, involucrando a más de 15 mil familias en la promoción del desarrollo positivo de la infancia. En materia de graves vulneraciones la fundación San Carlos de Maipo ha visibilizado la realidad de los niños en situación de calle, ha apoyado la reparación en casos de abuso sexual y violencia, instalado programas de salud mental, ha diseñado instrumentos que ayudan a promover el derecho a la identidad como el Libro de Vida y se ha involucrado en generar modelos que permitan la desinternación efectiva de niños y niñas desde las residencias de Sename o sus colaboradoras, promoviendo el derecho a vivir en familia.
Hoy al igual que la Fundación, hay cientos de organizaciones que contribuyen en esta tarea que nos involucra a todos, esperamos que la institucionalidad existente derive en políticas locales y nacionales adecuadas a las necesidades de la infancia y permita contar en agosto con una ley que repare estos 25 años de ausencia.
