Silvana Del Valle Bustos, abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres “Creemos que la muerte de Elizabeth Mella Cárcamo es un femicidio”

La directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano realizó un cuestionamiento sobre “la falta de actuación por parte del Estado tanto para prevenir los ataques a las mujeres, como también para investigar y sancionar” estos casos.

La abogada Silvana Del Valle Bustos.

No sería la primera vez. Un incendio, que sobrecoge a los familiares y los vecinos, se usa para esconder uno de los males no erradicados de nuestra sociedad: el femicidio.

Este podría ser el caso de la muerte de Elizabeth Noemí Mella Cárcamo, la cual se registró –irónicamente- el 8 de marzo pasado en Punta Arenas, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Sopesando los antecedentes de lo sucedido, la abogada integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Silvana Del Valle Bustos, plantea que están pidiendo que esta muerte sea investigada como presunto femicidio.

Los hijos de Elizabeth -Fabián y Carolina Díaz Mella- presentaron una querella por el delito de homicidio, en la cual relatan lo que vivieron dicha madrugada y la sorpresa que tuvieron cuando se les indicó “que, al parecer, habría habido intervención de terceros en su muerte”, aludiendo a que el cuerpo presentaba lesiones de carácter cortante.

A raíz de que el femicidio y la violencia contra las mujeres ha sido el otro lado amargo del coronavirus, se abordó este tema con Silvana Del Valle Bustos.

“… En los últimos años varios casos de mujeres asesinadas han sido invisibilizados, porque tanto la prensa como las autoridades estatales, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público y juzgados no han otorgado la información suficiente para que la opinión pública tenga una opinión respecto del asunto y menos han hecho las investigaciones que corresponden para poder dar con los autores de los crímenes”.

– Desde el punto de vista de la Red Chilena, se sabe que ustedes están siguiendo este caso como femicidio, está de hecho en su lista.  ¿Qué impresión les da que, después de tres meses cumplidos, todavía no exista ningún formalizado en la causa?

– “Sí, la verdad es que nosotras agregamos la situación a la lista de femicidios, por cuanto los antecedentes que la prensa señaló indicaban que la familia de la víctima pensaba que esto se trataba de una femicidio. Y de hecho, con los pocos antecedentes que se tienen, lo más probable es que así sea. Creemos que es un femicidio porque la forma en que muere ella es muy demostrativa de la desvalorización que un femicida puede tener en relación a la vida y el cuerpo de las mujeres. Entonces, es por esa razón que nosotras la agregamos a nuestros registros. Sin embargo, a tres meses del asesinato, ocurre algo que ha ocurrido en muchas otras situaciones que nosotras hemos seguido, que es que las autoridades, el Estado, no se han hecho cargo de la investigación del caso de manera suficiente y, por lo tanto, no solamente la situación no ha sido registrada por el Ministerio de la Mujer como un femicidio, sino que, además, ni el Ministerio Público ni los tribunales han hecho los suficiente para esclarecer el asesinato, ni tampoco para dar con los autores del mismo. Entendemos que hay un sospechoso y, en ese sentido, no es primera vez que nos encontramos con un caso como éste. Es más, en los últimos años varios casos de mujeres asesinadas han sido invisibilizados, porque tanto la prensa como las autoridades estatales, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, y juzgados no han otorgado la información suficiente para que la opinión pública tenga una opinión respecto del asunto y menos han hecho las investigaciones que corresponden para poder dar con los autores de los crímenes. Entonces, no es casual y no es primera vez y no será la última que nos ocurre, pero tenemos que exigir justicia para las víctimas, porque no existe en este sistema”.

– El exigir justicia no sólo busca la reparación de las familias, sino que también hay en este momento un femicida suelto en la región, en la ciudad, que está impune y que podría eventualmente actuar de la misma forma.

– “Exactamente. La historia nos cuenta en los últimos años, de seguimientos que ha hecho la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, en donde tenemos dos situaciones de criminales que se han escapado y que no ha sido perseguidos a tiempo y que ello ha favorecido la comisión de otros delitos. Por ejemplo, en el caso de Nicole Casillas, ocurrido en la comuna de Colina hace algunos años, si bien la familia insistía en que el caso era un femicidio, el femicida se aseguró de hacerlo pasar por un suicidio. Por lo cual y dado el poder que tenía también este sujeto, se consiguió que en definitiva ni la policía ni el Ministerio Público hicieran las indagaciones pertinentes para poder dar con la autoría que era, en este caso, el marido de la víctima. Y esto posibilitó que este sujeto escapara con la hija de la víctima que era una bebé a otro país, durante dos años aproximadamente. Entonces, impidió que la niña tuviera contacto con su familia y escapó y estuvo escondido en otros países durante un tiempo. Finalmente, cuando la Justicia hizo caso de los saberes, de los conocimientos de la familia de Nicole Casillas, finalmente el sujeto se puede imputar, y éste se entrega y actualmente se encuentra aún en proceso esa causa.

También tenemos el caso de Nicole Saavedra en Limache. También ocurrió hace algunos años, en el que el sujeto asesino, por no ser encontrado a tiempo, cometió delitos con posterioridad al caso de Nicole, es decir, agredió sexualmente a otra chica. Entonces, cuando los femicidas no son imputados, investigados a tiempo, ocurre que se facilita que hombres cometan otros delitos en contra de mujeres y niñas”.

 

 

 

“La forma en que muere ella (Edith) es muy demostrativa de la desvalorización que un femicida puede tener en relación a la vida y el cuerpo de las mujeres”.

– ¿Qué diligencias se deben realizar y cuáles antecedentes serían las que deberían estar efectivamente investigándose en este momento?

– “Es súper importante en este tipo de casos que la autopsia que se realice al cuerpo de la víctima sea puesta en conocimiento de la familia, principalmente, para que ésta pueda revisar si efectivamente las características del crimen pudieran estar relacionadas con un crimen cometido hacia una mujer por el hecho de ser mujer. En este caso, es muy importante que se tenga conocimiento sobre si hubo violencia sexual en contra de la mujer, sobre cómo se produjo crimino-dinámicamente el asesinato, de manera de saber si es que detrás de éste pudiera haber una motivación sexista, que es lo más probable en este caso, dada la cantidad de puñaladas que el asesino infringió a la mujer asesinada, y otras cuestiones que son súper relevantes para poder determinar que hubo un femicidio, un acto de violencia contra las mujeres. Ese tipo de actuaciones habitualmente en Chile solamente se consiguen cuando las familias presionan al Ministerio Público para que éste ordene al Servicio Médico Legal y a la Policía de Investigaciones, a fin de que orienten el trabajo en ese sentido. De hecho, por ejemplo, tenemos otro caso como el de Ruth Rojas, asesinada en Antofagasta en una base militar, el cual, después de años, la familia consigue una nueva autopsia y en ésta se revela que finalmente ella había sido asesinada, cuando en un principio también había sido catalogado el caso como un suicidio. Entonces, es muy relevante que el Servicio Médico Legal y las policías orienten con las indicaciones del Ministerio Público a que se haga la autopsia considerando los conocimientos científicos que existen en relación a la violencia contra las mujeres. Ese es un tema muy relevante.

“También es muy importante que en este tipo de casos se realicen las investigaciones telecomunicacionales pertinentes para poder determinar si existieron teléfonos conectados en antenas celulares cercanas a la comisión de los hechos a la hora determinada en que ocurrieron éstos. Esto ha sido muy importante en investigaciones como en la de Yini Sandoval, que también su caso había pasado como un simple incendio con muerte de ella y sus tres hijos y, sin embargo, hoy día existe una persona formalizada y con juicio ya condenado. Aquí se encuentra pendiente la solicitud de nulidad por parte de la defensa y había sido una expareja de Yini quien había concurrido al lugar y que, en venganza porque había terminado con él, mató a Yini y sus tres hijos. Entonces, las pericias telecomunicacionales en ese caso pudieron determinar que el sujeto estaba en el lugar de los hechos a la hora de la muerte y posterior incendio.

“Ese tipo de diligencias son muy frecuentemente también negadas por parte de la policía o del Ministerio Público y ha sido un complejo trabajo de concientización de estas reparticiones para que puedan realizar las pericias que corresponden en ese sentido.

También hay otras pericias comunicacionales, como el análisis de las llamadas y conexiones digitales de las víctimas y de potenciales sospechosos que pueden ayudar a determinar la presencia de algún sospechoso en el lugar de los hechos en el momento del crimen.

“Entonces existen varias cosas que la familia puede solicitar al Ministerio Público y que éste tiene la obligación de efectuar. Por otro lado, también está la situación de que, tratándose de un crimen cometido con ciertas características, sería muy relevante que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género se hiciera parte en la causa, en tanto aun el sospechoso no fuere pareja de la víctima o no hubiese tenido aún un tipo de relación sentimental con la víctima, el modo en que ocurre el crimen nos pudiere indicar que nos encontramos con un femicidio bajo la nueva Ley Gabriela. Entonces, en este sentido sería muy importante que el actor estatal correspondiente que sería el Servicio Nacional de la Mujer y el Ministerio de la Mujer pudieran tomar las cartas en el asunto para que no ocurra lo que ha ocurrido en otros casos similares, como el mismo caso de Yini Sandoval, que, de acuerdo a la ley anterior de femicidio, no era femicidio. Lo mismo con el caso de Nicole Saavedra que, de acuerdo a la ley anterior, tampoco podría ser considerado femicidio y, sin embargo, en ambos casos, bajo la ley Gabriela, hoy sí serían considerados como tales”.

– Una de las excusas que podría esgrimir la Policía de Investigaciones o la Fiscalía va a ser que este contexto de pandemia y las cinco semanas de cuarentena que tuvo Punta Arenas. Sin embargo, tenemos casos emblemáticos en la región, como el de Irma Solís, profesora de Chillán que lleva ya cinco años desaparecida sin ningún responsable. No sería la primera vez que ni el Ministerio Público ni las policías ni los Tribunales se hacen cargo de la muerte de una mujer.

“Claro, de hecho es una situación sistemática. Por años de años nosotras, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las organizaciones feministas territoriales, también han detectado la falta de actuación por parte del Estado tanto para prevenir los ataques a las mujeres, como también para investigar y sancionar. El asunto de la pandemia, que es un asunto puntual, actual, no es justificación porque ésta es una conducta sostenida, una falta sostenida en el tiempo por parte del Estado y que perjudica la promoción de la erradicación de la violencia hacia las mujeres y la promoción del derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia.

“Nos parece que en este contexto, además, existen diversas actuaciones que el Estado debe garantizar, porque la vida de las personas es un valor que no se suspende por la pandemia. Entonces, si no se hacen las investigaciones pertinentes van a seguir femicidas sueltos que pudieran potencialmente cometer otros delitos contra otras mujeres y otras niñas. Y en ese sentido, el Estado no puede excusarse por una pandemia.

“La situación es bastante grave y, de hecho, ya hay reportes de los juzgados de los tribunales del país que nos muestran que hay un aumento de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica y también de agresiones a mujeres como son los femicidios frustrados. Entonces, la falta de actuación y de investigación no permite prevenir la comisión de estos delitos. Y, como vemos, por el contario, aumentan”.