Los desafíos de la nueva constitución para el Estado y los/as trabajadores/as públicos/as
Doris Sandoval, Presidenta del directorio regional de Anef.
Ciertamente asistimos a un momento histórico, gestado desde las profundas y enervantes desigualdades, que ha representado para el pueblo y los pueblos, un tránsito doloroso a través de las múltiples formas, en que se expresa en la vida cotidiana, la instalación y profundización de un modelo de crecimiento neoliberal, expresión de un modelo capitalista de apropiación y precarización de la vida.
La organización el Estado chileno hoy, es fiel reflejo de dicho modelo y el debate permanentemente es conducido de forma interesada, a plantear su reducción por la vía no solo de despido de trabajadores/as, sino también, por la vía de la externalización y privatización de servicios y tareas fundamentales vinculadas por ejemplo a vivienda, educación, atención a la comunidad, fiscalización, etc.
En el último tiempo asistimos a una tercera estrategia de desmantelamiento del Estado, por la vía del debilitamiento de las políticas públicas de carácter permanente, reemplazándolas por la lógica de presupuesto base cero ajustado, que implica básicamente tener que conseguir año a año presupuesto ara los programas y proyectos asociados a las políticas sociales.
La pregunta que cabe hacer aquí es: ¿A quién le sirve, a qué intereses responde y es útil un Estado pequeño, privatizado y subsidiario? Una respuesta posible es: a los poderosos de siempre, que concentran la riqueza del país, que quieren menos fiscalización, más flexibilización de los estándares laborales, ambientales, etc.
Por su parte, también es reflejo del modelo, un Estado que provee de empleo precario, a quienes sustentan la administración del mismo, con su trabajo remunerado. El Estado chileno es un mal empleador y, por tanto, un mal referente para el sector privado; pues incumple permanentemente la ley 18.834, manteniendo a más del 70% de sus trabajadores, en calidad de contrata (empleo anual, sin derecho a indemnización por años de servicio, ni seguro de cesantía).
De igual forma, existe una vulneración permanente de derechos colectivos: derecho a huelga y negociación colectiva, expresamente prohibidos y limitados en el capítulo II De los derechos y deberes y deberes constitucionales, artículo 9, inciso 16, de la actual constitución.
La nueva Constitución debe relevar el valor del trabajo humano, consagrar el derecho a un trabajo decente y sostenible; y garantizar el derecho a huelga, negociación reglada y terminar con vetos a la dirigencia sindical.
Las y los trabajadores públicos aspiramos a servir en un Estado garante de derechos, que provea recursos y servicios a las comunidades de las cuales somos parte, que permitan garantizar una vida digna y plena, en todo el ciclo vital. No queremos ser meros administradores, de fondos concursables, de susbsidios y bonos; aspiramos a ser cogestores de políticas permanentes, que dignifiquen la vida y amplíen expectativas y esperanzas.
